ENFOQUE SOBRE COMERCIO

POR QUÉ UN FRACASO DE LA CUMBRE MINISTERIAL DE LA OMC ES EL MEJOR RESULTADO PARA EL SUR

Walden Bello

DE LA MANO A LA BOCA DESAPARECE LA SOPA

Moraleja de la campaña por acceso a los medicamentos

Nicola Bullard

CANCÚN Y LA BATALLA POR LOS MERCADOS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO: OTRA FORMA DE GUERRA

Aileen Kwa

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POR QUÉ UN FRACASO DE LA CUMBRE MINISTERIAL DE LA OMC ES EL MEJOR RESULTADO PARA EL SUR

por Walden Bello*

(Reproducido por Focus on the Global South con autorización de Inter-Press Service (IPS).  Prohibida su reproducción por medios no autorizados por IPS.)

BANGKOK, AGOSTO (IPS): A pocos días de su quinta Conferencia Ministerial, la Organización Mundial de Comercio (OMC) que fuera aclamada en su fundación en 1995 como la cúspide del gobierno económico mundial está paralizada.

A pesar de los esfuerzos obvios por dar un impulso positivo a las negociaciones en los últimos dos años, el borrador de declaración ministerial difundido recientemente pone de manifiesto el poco consenso que existe en todos los temas candentes que dividen a los miembros de la OMC.

Negociaciones atascadas

El Director General de la OMC Supachai Panitchpakdi anunció con bombos y platillos un compromiso "exitoso" de último momento sobre el polémico tema de la relación entre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la salud pública, con relación a la fabricación e importación de medicamentos vitales. Muchos analistas sostienen, sin embargo, que el compromiso se inclina más a proteger los derechos de patente de las compañías farmacéuticas del Norte, que a promover el acceso a medicamentos que salvan o prolongan la vida de millones de personas en el Sur afectadas por el VIH-SIDA y otras epidemias. Es muy dudoso que esto pueda desbloquear las negociaciones en las otras áreas donde las diferencias Norte-Sur así como las disputas intestinas entre los países ricos están más solidamente arraigadas.

Antes del compromiso, las negociaciones habían llegado a un punto muerto debido a la negativa de EE.UU. a cambiar su posición respecto a que la flexibilización de los derechos de patente debía limitarse sólo a los medicamentos contra el VIH-SIDA, la malaria y la tuberculosis, en un claro desafío a la declaración de la cuarta reunión ministerial de la OMC de Doha, en 2001, que en forma inequívoca colocó los temas de salud pública por encima de los derechos empresariales de propiedad intelectual.

Un intento de último momento de la Unión Europea y EE.UU. para establecer un marco de negociación y revivir las conversaciones sobre liberalización de la agricultura parece haber fracasado, ya que los países en desarrollo criticaron duramente a las dos superpotencias comerciales por retroceder a su comportamiento de los últimos años de la Ronda Uruguay (1986-94), al elaborar en secreto un acuerdo en el que no tuvieron ninguna participación los otros 144 países miembros. Brasil, India y China --los puntales del mundo en desarrollo-- respondieron inmediatamente con un documento en el que exhortaban a europeos y estadounidenses a no seguir dilatando las resoluciones “yéndose por las ramas” y a reducir drásticamente los altos niveles de subsidio que son responsables del dumping de granos y carne baratos en los mercados mundiales, y que lleva a la ruina a cientos de miles de agricultores de los países en desarrollo.

Tampoco han avanzado en absoluto las negociaciones para incorporar al ámbito de jurisdicción de la OMC los temas de inversiones, política de competencia, transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio, catalogados como "relacionados con el comercio" y considerados por Bruselas y Washington como los ejes de la Declaración de Doha. En los hechos, hay una discrepancia fundamental sobre si existe o no un mandato que permita incluso iniciar estas negociaciones. Los países en desarrollo afirman que es necesario contar con el "consenso explícito" de cada país miembro para iniciar las negociaciones. La Unión Europea (UE) y otros países desarrollados, por su parte, afirman que el acuerdo para negociar ya existe y que sólo quedan por resolver las "modalidades" de esas negociaciones.

El factor de la sociedad civil

Algunos observadores afirman que están apareciendo los tres ingredientes clave del "escenario de Seattle", haciendo referencia a la "fórmula" que determinó el famoso fracaso de la tercera reunión ministerial de la OMC en Seattle en diciembre de 1999:

- la trabazón de EE.UU. y la UE en el tema agricultura está otra vez en el centro de la escena;
- los países en desarrollo están más resentidos que nunca;
- la sociedad civil está en movimiento.

No se debe subestimar el factor de la sociedad civil. Las cifras no son claras, pero como mínimo 15,000 personas de todo el mundo pueden asistir a Cancún. Esto sería el equivalente al 5% de la población de Cancún que asciende a 300,000 –sin duda, una verdadera masa crítica. Hasta ahora, 10,000 campesinos liderados por la organización campesina UNORCA y la federación mundial campesina y de trabajadores rurales Vía Campesina están planificando marchar hasta el Centro de Convenciones ubicado en la sección restringida de la zona hotelera para entregar un mensaje a la reunión ministerial exigiendo que la OMC "salga de la agricultura". Otra coalición llamada "Espacio Mexicano" está organizando un foro de una semana de duración llamado "Foro de los Pueblos" que llegará a su punto culminante el 13 de septiembre con una marcha coordinada con manifestaciones en muchas otras ciudades en todo el mundo, bajo la consigna "Contra la globalización y la guerra".

Quizás el suceso más importante es la decisión de los Zapatistas, la fuerza insurgente armada con bases en las comunidades indígenas y campesinas de los bosques y tierras altas de Chiapas en el sur de México, de dar su apoyo a las protestas. ''Si los Zapatistas se unen a la movilización contra la OMC, entonces la situación se transformará, debido al gran prestigio que tienen en todo México", declaró Héctor de la Cueva, uno de los coordinadores del Espacio Mexicano. Con miles de mexicanos inspirados para ir a Cancún y acciones contra la OMC en todo México, la decisión zapatista podría transformar lo que todavía es percibido por la mayoría de los mexicanos como una reunión de extranjeros en una "colonia turística yanqui", en una jornada de protesta nacional masiva.

Las autoridades mexicanas están inquietas, a pesar de los esfuerzos de los líderes del movimiento internacional contra la globalización dirigida por las grandes empresas, que les aseguran que sus manifestaciones y reuniones serán de carácter no violento. Se ha hecho público que el gobierno federal ha estado recopilando una "lista de enemigos" con las personas que hay que controlar de cerca durante la reunión ministerial. El memorando del gobierno se filtró a la prensa a mediados de agosto, y contiene sesenta nombres, entre ellos, la dirigente indígena ecuatoriana Blanca Chancoso, la física india Vandana Shiva y el agroecologista estadounidense Peter Rosset, calificados como "ultras".

 Crisis institucional

Las dificultades actuales que atraviesa la OMC son la continuación de la crisis institucional que explotó por primera vez en Seattle en diciembre de 1999, y que fuera disparada por la resistencia de los grupos de la sociedad civil a la ofensiva de la OMC para subordinar dimensiones clave de la vida social al comercio regido por las grandes empresas; por el resentimiento de los países en desarrollo ante la imposición de un programa doctrinario de liberalización mundial que perjudica sus intereses, a manos de unos pocos países desarrollados; y por el repudio generalizado a una estructura de toma de decisiones no democrática.

La necesidad de una reforma profunda fue subrayada por el entonces Secretario de Estado del Reino Unido Stephen Byers unos pocos días después del fracaso de Seattle: ''La OMC no podrá seguir funcionando con su forma actual. Es necesario realizar cambios fundamentales y radicales para que la institución cumpla con las necesidades y aspiraciones de la totalidad de sus 134 miembros".

No hubo ninguna reforma después de Seattle, y sólo fue gracias a la mano dura impuesta por EE.UU. y la UE sobre los países en desarrollo en el contexto de los sucesos del 11 de septiembre, que la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, Qatar, en noviembre de 2001 logró sacar una declaración ministerial en la que se estableció el mandato para un número limitado de negociaciones tendientes a profundizar la liberalización del comercio. Sin embargo, la llamada "Ronda de Doha" pronto degeneró en una paralización.

Crisis de la globalización

Pero la crisis institucional de la OMC, es en sí misma, reflejo de una crisis aún más profunda y más amplia: la crisis del proyecto globalista de integración acelerada de la producción y los mercados. Un factor clave desencadenante de esta crisis fue la crisis financiera asiática de 1997, que hizo cobrar conciencia cabal del hecho que la liberalización de cuentas de capital –uno de los ejes de la ideología de la globalización—puede ser un elemento profundamente desestabilizador y conducir a tragedias como la de Indonesia, donde 22 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza en unas pocas semanas.

Este desprestigio de los supuestos beneficios de la movilidad sin restricciones del capital provocó, como era lógico, una amplia gama de análisis sobre la veracidad de otro de los principios clave del proyecto globalista: que la liberalización del comercio promueve la prosperidad. Quizás el mejor resumen de los resultados de muchas investigaciones sobre esta hipótesis que se realizaron a fines de la década de 1990 sea el que presentan Matthias Lundberg y Lynn Squire, investigadores del Banco Mundial: "Los pobres son mucho más vulnerables a los cambios en los precios internacionales relativos, y esta vulnerabilidad es magnificada por la apertura del país al comercio. Al menos a corto plazo, la globalización parece aumentar tanto la pobreza como la desigualdad".

Mientras la doctrina y las instituciones de la movilidad del capital estaban siendo crecientemente erosionadas por esta crisis de legitimidad, el proyecto globalista sufrió un nuevo golpe trascendental: el colapso de la bolsa de valores en marzo de 2000, que inauguró una era de recesión y deflación mundial, provocada por los excesos del capital especulativo así como por la superproducción mundial. Enfrentadas a una época de escasez, aumento del desempleo y crecimiento lento, las élites económicas tanto de Europa como de EE.UU. dejaron cada vez más de fomentar el proyecto de una economía mundial integrada –con obstáculos a los flujos de capital y del comercio reducidos al mínimo—y al servicio de los intereses universales de la clase capitalista mundial, para centrarse en cambio en políticas de protección de los intereses de las élites capitalistas nacionales o regionales.

Las controversias entre la UE y EE.UU. sobre la agricultura, los aranceles del acero, los productos farmacéuticos, los organismos genéticamente modificados (OGM) u organismos transgénicos, los subsidios a la industria aeronáutica y las prácticas de Microsoft en Europa, reflejan este resurgimiento creciente del proteccionismo tanto en Bruselas como en Washington. Estos conflictos económicos se han visto exacerbados por las divergencias políticas entre EE.UU. y los países pilares de la UE (Alemania y Francia) en torno a los temas de Iraq y el Medio Oriente, que han desvertebrado a la ''Alianza Atlántica'' que ganara la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

La economía unilateralista de Bush, en particular, marca un alejamiento de las prácticas de concertación del capital mundial que sustentaron a las instituciones multilaterales (el FMI, el Banco Mundial y la OMC) durante la época Clinton. Ese unilateralismo y su defensa descarada de los capitales estadounidenses –ejemplificada en su posición sobre los ADPIC y la salud pública—es una respuesta a la crisis del proyecto globalista que probablemente profundizará la crisis económica y la crisis de las instituciones multilaterales que fueron utilizadas para promover la agenda de la globalización. Porque con la UE y EE.UU. en desacuerdo en todo una gama de temas, se ha hecho mucho más difícil para ambos montar una estrategia coordinada para dividir e intimidar a los países en desarrollo en la OMC, en temas en los que los dos centros capitalistas tienen intereses en común. Tal el caso, por ejemplo, de la imposición de un acuerdo de inversiones aplicable a través de la OMC, al que los países en desarrollo se han opuesto tenazmente.

 Falsas opciones

Ante los fracasos del sistema de la OMC, tanto la UE como EE.UU. han empezado a recurrir crecientemente a los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversiones como herramientas para la liberalización al servicio de sus intereses particulares. La carrera ya se largó, y EE.UU. parece llevar la delantera. Washington anunció recientemente acuerdos de libre comercio con Chile y Singapur, y en octubre próximo dará a conocer un acuerdo de libre comercio con Tailandia en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) a realizarse en ese país. Es más, durante los últimos dos años la administración Bush ha dedicado muchos más esfuerzos a concluir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que a garantizar la buena marcha de la OMC.

Los países en desarrollo son tan cautelosos de los tratados de libre comercio (TLC) como de la OMC, ya que reconocen que ambos están orientados por los mismos intereses hegemónicos de los socios más fuertes.

En respuesta a quienes argumentan que la OMC es preferible para los intereses de los países en desarrollo que los TLC porque tiene reglamentaciones y procedimientos institucionalizados que ponen límites a los países más poderosos, analistas de los países en desarrollo como Aileen Kwa, representante en Ginebra de Focus on the Global South y coautora del documento ''Behind the Scenes at the WTO'', destacan que en los últimos años los países del Sur han sido víctimas de la intimidación y coerción sistemáticas a manos de los países ricos que tratan de forzar la apertura de sus mercados, ocultos tras un grueso velo de falta de transparencia.

Los países en desarrollo no deben dejarse acorralar en ese tipo de falsas opciones y deben más bien comenzar a trabajar en pos de acuerdos realmente alternativos, como la creación de bloques económicos regionales o la reestructuración de los bloques ya existentes, como el MERCOSUR y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), para que sirvan como motores efectivos del progreso económico coordinado a través de políticas que subordinen eficazmente el comercio a las prioridades de desarrollo de los países.

Cuando un fracaso es un triunfo

No podemos descartar que a pesar de las diferencias cada vez más profundas, es posible todavía que EE.UU. y la UE vuelvan a unirse para obligar a los países en desarrollo a aprobar nuevas iniciativas liberalizadoras sobre comercio y temas relacionados con el comercio en Cancún.

Sin embargo el escenario cada vez más probable es el de una conferencia ministerial que no producirá nuevos acuerdos de liberalización significativos y que reproducirá esencialmente la paralización de Ginebra. Para los países en desarrollo, constantemente presionados para abrir sus mercados o ceder el control de distintas áreas, incluso la elaboración de políticas nacionales –en temas como las inversiones y la política de competencia—a una OMC dominada por Washington y Bruselas, el fracaso de y la paralización de la conferencia ministerial es el mejor resultado. Les da un respiro para poder organizar y coordinar sus defensas y les ofrece a ellos y a la sociedad civil la oportunidad de revertir la globalización dirigida por las transnacionales, que incluso es vista por un portavoz indiscutido del libre comercio como la revista Economist como una amenaza real para el futuro del capitalismo, debido a los “excesos” del capital mundial. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Walden Bello es profesor de sociología y administración pública en la Universidad de Filipinas y director ejecutivo de Focus on the Global South con sede en Bangkok.

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DE LA MANO A LA BOCA DESAPARECE LA SOPA

Moraleja de la campaña por acceso a los medicamentos

por Nicola Bullard*

BANGKOK, septiembre 5. A medida que se aproxima la conferencia ministerial de la OMC en Cancún, conviene hacer un balance de las lecciones de la campaña por el acceso a los medicamentos que fue lanzada en la etapa preparatoria de la pasada conferencia ministerial de la OMC en el 2001 en Doha, cuyo fruto amargo salió a la luz el fin de semana pasado en Ginebra en un acuerdo que, según muchos analistas, deja a los países en desarrollo en peor situación que la que estaban antes de Doha.

La campaña por acceso a los medicamentos liderada por las ONG internacionales Oxfam y Médicos Sin Fronteras (MSF) gozó de gran popularidad desde su inicio. El tema era muy atractivo: codiciosas empresas farmacéuticas que le niegan acceso a medicamentos asequibles a gente pobre moribunda de enfermedades asociadas al VIH, mediante la manipulación del acuerdo de la OMC sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio). La campaña tenía todo a su favor: sufrimiento humano e injusticia versus avaricia y poder. Era casi inevitable que incluso los países más poderosos de la OMC se viesen obligados a responder y, en la guerra de agotamiento de Doha, la Declaración Política sobre los ADPIC y la Salud Pública fue el momento glorioso de una declaración ministerial larga en promesas y corta en acciones.

En ese momento los encargados de la campaña estaban llenos de regocijo, aunque cautelosos, a sabiendas que ‘el demonio se esconde en el detalle’ y que una declaración política está lejos de ser una solución exhaustiva.

En las fauces de la OMC

En efecto, el demonio se escabulló acechante en los corredores de la OMC y las salas de junta de las transnacionales farmacéuticas. A los Estados Unidos, la Unión Europea y las grandes empresas de medicamentos les llevó casi dos años tejer un acuerdo que protegiese sus intereses al mismo tiempo que da la impresión de responder a los reclamos de justicia para los enfermos y los pobres.

El cínico y engañoso acuerdo alcanzado el fin de semana pasado en Ginebra incrementa el poder de la OMC e interpone obstáculos casi insuperables para los países empobrecidos que quieran expedir licencias obligatorias, y suficientes desincentivos y trabas burocráticas para desalentar las exportaciones de los países en desarrollo con capacidad para fabricar medicamentos genéricos a los países empobrecidos. En suma, en esos dos años apretaron el nudo corredizo y llenaron los vacíos legales, todo ello en beneficio de las compañías farmacéuticas que catalogaron el nuevo acuerdo como “equilibrado”. Su evaluación del resultado, bastante contenida, debe leerse teniendo en cuenta que lo que ellas originalmente reclamaban –presentado como la propuesta de EEUU, que el espectro de enfermedades abarcadas bajo el acuerdo fuese limitado a un puñado de “enfermedades seleccionadas” y una lista restringida de países—fue al final rechazado por los países en desarrollo.

“Peor que antes de Doha”

Los activistas que seguían de cerca las negociaciones vieron con amargura como se frustraron sus esperanzas. Jaime Love, del Consumer Project on Technology escribió que “las personas que negociaron este acuerdo le han entregado al mundo un nuevo modelo de aprobación del proteccionismo”. Oxfam y MSF catalogaron la solución de “impracticable” afirmando que “el acuerdo fue ideado para ofrecerle alivio a EEUU y las empresas farmacéuticas Occidentales” y que “las reglas mundiales sobre patentes seguirán empujando al alza el precio de los medicamentos”. Catherine Dihn, de MSF Australia manifestó que ese acuerdo conducirá al “desecamiento” de los fármacos genéricos, despejándole de cualquier competencia el camino a los productos comerciales. “Más gente morirá como resultado de este acuerdo”, dijo ella. “La situación es peor ahora que lo que era antes de Doha”. Confirmando esa visión, el jefe de la Alianza Farmacéutica de la India expresó que “ese acuerdo está plagado de obstáculos que tornarán a los medicamentos genéricos más costosos que lo necesario.”

Negocio redondo para las grandes farmacéuticas

La prioridad de las grandes empresas farmacéuticas era garantizarse acceso permanente a los lucrativos mercados de los países de ingresos medios, y extirpar cualquier posible competencia de la boyante industria farmacéutica de países tales como Brasil y la India. En ambos casos las grandes empresas del Norte salieron triunfantes, al mismo tiempo que mantuvieron viva la apariencia de que los países en desarrollo aún así podrían acceder a medicamentos asequibles. La pregunta es, obviamente, quién va a suministrarles esos medicamentos, dado que el nuevo acuerdo prohíbe la producción y exportación de medicamentos genéricos “con fines comerciales.”

El director general de la OMC Supachai Panitchpakdi defendió el acuerdo como prueba que “la OMC puede hacerse cargo de problemas humanitarios tanto como de asuntos comerciales”. Pero esa evaluación halagüeña hace caso omiso del contexto político en el cual se aprobó dicho acuerdo. A diez días de iniciarse la conferencia ministerial de la OMC en Cancún el clima político en su sede central de Ginebra era de indisposición y malhumor, y su Secretaría estaba viéndoselas con gobiernos irritables –todo ello el producto acumulado de problemas no resueltos y una larga lista de promesas incumplidas desde Doha. Obviamente algo tuvo que haber ocurrido en los corredores, que explique el hecho casi inexplicable de que varios países africanos de repente se presentaran como proponentes de una “solución” que ellos mismos tenían que saber que era impracticable, desequilibrada y exageradamente restrictiva. EEUU y la UE tuvieron casi dos años para escuchar los reclamos de los países en desarrollo, pero optaron en cambio por forzar la aprobación de este acuerdo a última hora, sin mayor discusión posible. ¿Porqué? ¿Para dejar la impresión de que el programa de la OMC está “avanzando”? ¿Para forzar un acuerdo en un momento cuando ya todo el mundo estaba sobreexcedido y las tensiones encumbradas? Cualquiera fuese el motivo, hay algo que es indiscutible: la OMC no se ha demostrado capaz de abordar problemas humanitarios tanto como asuntos comerciales, tal y como reivindica el Dr. Supachai, sino que ha demostrado que abordará los problemas humanitarios como si se tratase de asuntos comerciales.

Acuerdo sobre los ADPIC es el problema

El acceso a medicamentos asequibles es un derecho humano fundamental, y el problema con el acuerdo de la OMC sobre los ADPIC ha sido y sigue siendo un problema muy real. Sin embargo, el enfoque estrecho de la campaña por acceso a los medicamentos desvirtuó y distrajo la atención del problema más amplio: el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC, mejor conocido como TRIPS por su sigla en inglés) en su totalidad. Este acuerdo posiblemente sea el más atroz de los acuerdos de la OMC (aunque la competencia es muy cerrada) porque legaliza los monopolios, consolida el poder de las grandes empresas transnacionales y potencialmente habilita el patentamiento y la apropiación privada de la vida en sí misma. Además, el acuerdo relativo a los medicamentos estaba condenado a desmoronarse, ya que en Doha no se llegó a ningún compromiso que implicara cambiar la “letra” del acuerdo sobre los ADPIC. Una vez que la “política” de la declaración política entró en juego de vuelta de Doha en Ginebra, el resultado era tristemente previsible, salvo un cambio milagroso en el balance de fuerzas en la OMC.

Más bien, se debe reclamar “Fuera los ADPIC de la OMC”. Esto quizás no concite la misma atracción popular que la campaña por “acceso a los medicamentos”, pero al final, es la única solución –y aún no es tarde para ello. Todos hemos aprendido mucho de esta experiencia, incluso que la falsedad y la corrupción de la OMC y los intereses creados que protege no parecen tener límite.

* Nicola Bullard trabaja con Focus on the Global South y es la editora de Enfoque sobre Comercio.

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CANCÚN Y LA BATALLA POR LOS MERCADOS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO: OTRA FORMA DE GUERRA

por Aileen Kwa*

La OMC perpetra una forma sutil y omnipresente de recolonización y guerra. Exhorta a sus miembros a renunciar a sus derechos soberanos y a su libertad de decisión en materia de políticas nacionales (limitando su capacidad de establecer sus propias regulaciones internas) para permitir el saqueo que realizan las empresas transnacionales. La saturación de los mercados del Norte hace imperativo que las empresas transnacionales logren acceso a los mercados del Sur. El espectro cada vez más amplio de normas de la OMC está diseñado justamente para lograr ese objetivo: forzar la apertura de los mercados de los países en desarrollo, no sólo a través de la reducción radical de los aranceles, sino mediante medidas "más allá de fronteras". El resultado es la profundización del sometimiento de las economías y pueblos del mundo en desarrollo.

Muchos actores de la sociedad civil y representantes gubernamentales bien intencionados opinan que si bien la OMC está lejos de ser perfecta, es necesario discutir la reforma y la exigencia de reglamentaciones comerciales más justas. Pero, ¿es posible esta "reforma"?

Desde el momento mismo de creación de la OMC y desde la primera Conferencia Ministerial en 1996, las reformas han estado sobre la mesa de negociaciones. Estos esfuerzos no han tenido ningún resultado, salvo más promesas vacías de futuras reformas a condición que el mundo en desarrollo ingrese en las negociaciones que promueven siempre más liberalización. Las promesas sobre cuestiones relativas a la aplicación de los acuerdos emanados de la Ronda Uruguay, sobre trato especial y diferenciado, salud pública y agricultura realizadas en la Conferencia Ministerial de Doha en 2001 a cambio del compromiso de los países en desarrollo a embarcarse en una nueva ronda de negociaciones, todavía no se han cumplido. Es probable que surja algún tipo de "paquete" de la Conferencia Ministerial de Cancún, pero las tendencias actuales indican que éste tendrá más que ver con las relaciones públicas del Norte que con los problemas reales de pobreza, hambre y desempleo. De hecho las principales potencias apuestan a que Cancún sea un nuevo hito en la apertura de nuevos mercados. Si logran imponer este tipo de acuerdo, la mayoría en el Sur sólo puede esperar más desindustrialización y "desagriculturalización".

¿Qué temas se tratarán en Cancún?

Agricultura

La agricultura será el eje en la reunión ministerial. Los países en desarrollo habían esperado recibir beneficios de la liberalización agrícola de la Ronda Uruguay pero en su lugar se encontraron haciendo compromisos sobre liberalización, mientras los países desarrollados aumentaban sus niveles de proteccionismo. Después de la Ronda Uruguay, los subsidios otorgados por la OCDE a sus productores aumentaron de aproximadamente US$ 248 mil millones a alrededor de US$ 311 mil millones, y asimismo aumentó el "dumping" –la exportación de productos por debajo del costo de producción. En EE.UU. y la UE se les da dinero a los agricultores para que sigan produciendo, mientras las multinacionales le ofrecen a los agricultores bajísimos precios por sus productos. Aunque en forma indirecta, quienes resultan más beneficiados con los subsidios gubernamentales son en realidad las grandes empresas de la cadena agroalimentaria.

Los agricultores de los países en desarrollo han sido aniquilados por el dumping. Los precios nacionales de los productos básicos han caído en picada en los últimos años y los pequeños agricultores están perdiendo la batalla en la competencia con las importaciones baratas que invaden sus mercados nacionales. La pobreza y el desempleo rural son cada vez mayores. Pero no sólo las normas de la OMC son responsables de estos problemas. Las condiciones que imponen el FMI y el Banco Mundial a los gobiernos nacionales para que graven los alimentos importados con impuestos muy bajos son también una causa central de la crisis del sector rural.

Aun a pesar del hecho que estas normas sesgadas todavía no están siendo abordadas seriamente en la OMC, EE.UU. y la UE ya están conspirando para realizar una nueva ronda para apoderarse los mercados de los países en desarrollo. China e India son los blancos principales, pero también lo es cualquier otro país en desarrollo que necesite alimentar a su población, desde Honduras y Perú hasta Zambia, Sri Lanka e Indonesia.

Mientras tanto, el último escándalo es que EE.UU. y la UE intentan imponer en esta ronda una fórmula para obtener nuevas reducciones en los aranceles agropecuarios. Es decir, están calculando cómo pueden "compartir" los mercados del mundo en desarrollo, al tiempo que protegen los suyos propios. No resulta sorprendente que las negociaciones sean particularmente laxas cuando se trata de ajustar los vacíos legales respecto a las "ayudas internas" -el mecanismo que usan EE.UU. y la UE para proteger sus mercados nacionales. El Grupo Cairns, liderado por Australia y Nueva Zelanda y apoyado por Brasil, Argentina, Sudáfrica, Tailandia y Malasia (por nombrar sólo algunos) también compite con EE.UU. y la UE por los mercados de otros países. La batalla en Cancún es para definir cómo se reparten los mercados entre ellos. Para fortalecer su posición, la UE también utilizará como pretexto la reforma de su Política Agrícola Común (PAC) –en virtud de la cual sus subsidios ya no estarán más asociados a los precios sino que serán ayudas directas a los ingresos (supuestamente) ‘desconectadas’—para argumentar que ha realizado reformas y que los US$ 50 mil millones que otorga en subsidios en su gran mayoría ya ¡no distorsionan el comercio!

La mayor parte de los países en desarrollo no posee ninguna cuota significativa de los mercados y parece estar apostando por ende a limitar el daño. En las negociaciones, hasta el momento, han argumentado a favor de establecer excepciones limitadas para ciertos productos sensibles para la seguridad alimentaria y el sustento. Sin embargo, los márgenes que ofrecen en este punto los países desarrollados son absolutamente estrechos e insuficientes para abordar en profundidad los problemas de los países en desarrollo. En lugar de insistir en corregir el dumping legalizado en la Ronda Uruguay como condición previa a cualquier nueva reducción de aranceles, parecería que una resignación inexplicable ha ganado a los diplomáticos de los países en desarrollo que estarían dispuestos a aceptar una nueva ronda de liberalización.

Los ADPIC y la salud pública

Si algún acuerdo ha sido perjudicial para la imagen de la OMC, es, seguramente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El acuerdo sobre los ADPIC exige que los miembros brinden protección durante 20 años a los derechos de patente sobre las invenciones, e incluso ideólogos del libre comercio como Jagdish Bhagwati han exhortado a que se saquen los ADPIC de la OMC. Este acuerdo impide la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Pero eso no es todo. El impacto más indignante del Acuerdo sobre los ADPIC es que otorga a las empresas transnacionales derechos monopólicos de patente sobre las semillas –la propia fuente de la vida—y sobre los medicamentos.

Sólo la enorme presión de la opinión pública obligó a las grandes potencias a aceptar en Doha una declaración política que permite a los países tomar las medidas necesarias para trabajar en pos de sus propios intereses en salud pública, tales como la fabricación nacional de medicamentos genéricos más baratos para mitigar problemas de salud pública como la crisis del SIDA y enfermedades tratables como la malaria y la tuberculosis. No obstante, un aspecto central que las grandes potencias se negaron a abordar en Doha es cómo pueden acceder a los medicamentos genéricos los países que no cuentan con capacidad industrial suficiente para fabricarlos. La fecha límite para tratar este tema (diciembre de 2002) pasó sin que los miembros de la OMC llegaran a un acuerdo, a pesar de las intensas negociaciones. El texto presentado el 16 de diciembre de 2002 por el Presidente del Consejo de los ADPIC, el embajador mexicano Eduardo Pérez Motta, fue aceptado por todos los miembros con la excepción de EE.UU., que frustró de esta forma su aprobación –en buena medida, podemos sospechar, debido a que la industria farmacéutica es uno de los contribuyentes de campaña más importante de la administración Bush.

Los países en desarrollo han dejado en claro que este tema pendiente debe ser resuelto antes de la reunión de Cancún. Si bien los medios de prensa más importantes mayoritariamente informan que EE.UU. está jugando rudo, no se ha dado tanta difusión al hecho que el texto del 16 de diciembre, si se aprobara, es una solución sumamente engorrosa e incluso impracticable. También la Comisión Europea –que en estas negociaciones se describe a sí misma como el buen samaritano- ha establecido innumerables "salvaguardas" para las grandes empresas farmacéuticas.

Un país que desea exportar un medicamento genérico debe cumplir un sin fin de requisitos legales y burocráticos, que además inciden fundamentalmente encareciéndolo, tornando casi imposible que un fabricante de medicamentos genéricos obtenga rentabilidad de su actividad. Las mismas pesadillas burocráticas se repiten para los importadores. El texto actual del 16 de diciembre establece que todo fabricante que quiera exportar un medicamento genérico debe primero solicitar una licencia obligatoria a su gobierno para poder producir y exportar el medicamento. El gobierno debe emitir una licencia obligatoria que conlleva muchas condiciones: sólo se puede producir la cantidad requerida por un país importador, el medicamento genérico debe tener un aspecto claramente diferente del original, etc.. La empresa debe declarar después en un sitio web público qué medicamento produjo, la cantidad, el país al cual se va a exportar y las características distintivas. El gobierno del país miembro exportador debe notificar al Consejo de los ADPIC de la OMC, y también tiene que aplicar efectivamente diversas medidas que impidan la circulación comercial del producto –es decir, tiene que asegurar que el producto una vez que llega al país importador no sea re-exportado a otro país. Las consecuencias por circulación comercial del producto para el país exportador no están claras.

La analista Brook Baker lo resumió de la siguiente manera:

"Cada solicitud de licencia estaría basada en: negociaciones previas con el propietario de la patente, preparación de costosa documentación legal y procesamiento por expertos legales. En otras palabras, obtener una licencia es un procedimiento caro y que insume mucho tiempo".

Por otra parte, un país importador que quiera utilizar este mecanismo debe notificar al Consejo de los ADPIC, realizar una "evaluación" que determine que no tiene capacidad para producir el medicamento a nivel nacional o que la capacidad existente no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Nuevamente no queda claro qué pasaría si hay conflictos de opinión sobre qué se considera "capacidad de fabricación suficiente". Lo que sí queda claro es que se abre la puerta a la posibilidad de presionar a los países a que renuncien a su derecho a importar, o se restringe gravemente este derecho.

EE.UU. ya le informó al gobierno de Filipinas que no será elegible para utilizar dicho mecanismo, indicando así que le negará acceso a las importaciones a muchos países con un nivel de desarrollo similar. Para países en desarrollo con mercados pequeños, como los de América Central y el Caribe, resultaría muy caro fabricar esos medicamentos a nivel nacional. Además, los fabricantes de genéricos que quieran exportar quedarían excluidos de importantes mercados de exportación.

La única flexibilidad aparente entre todas estas condiciones le ha sido ofrecida a países que formen parte de algún bloque comercial donde el 50% de los miembros pertenezcan a la categoría de "países menos adelantados" (PMA). Esta excepción se aplicaría principalmente a los países africanos, y parece ser una estrategia para comprar a los países africanos y separarlos de los demás países en desarrollo. En virtud de esta excepción, una licencia obligatoria de un país exportador se puede aplicar a un producto para toda una región comercial, en lugar que procedimientos individuales para cada país importador. Pero cada país importador debe, de todas formas, solicitar una licencia obligatoria a nivel nacional para importar el medicamento genérico.

Según informes de la reciente mini cumbre ministerial de carácter informal celebrada en Montreal (28 al 30 de julio) en preparación para Cancún, el representante de comercio de EE.UU. Robert Zoellick dijo a los ministros que para que EE.UU. firmara el texto del 16 de diciembre, Brasil e India debían anunciar públicamente que no utilizarían este mecanismo con fines comerciales –otro claro intento de dividir a los países africanos de un posible frente con la India y Brasil. Sin embargo, hablando en términos reales, si Brasil e India no exportan estos medicamentos, ¿estará acaso la capacidad de fabricación de los países africanos en condiciones de cubrir las necesidades del continente en el corto y mediano plazo?

El último suceso es que EE.UU. quiere incluir una advertencia en el texto (o en forma enfática en una carta adjunta del Presidente del Consejo de los ADPIC), donde se establezca que esta solución se usará solamente con "fines humanitarios". Qué tan estrecha o amplia puede llegar a ser la interpretación de esta frase no se sabe todavía, pero se trata evidentemente de un nuevo intento de restringir la cobertura y flexibilidad de cualquier solución.

Esta solución que podría surgir antes de o durante la reunión de Cancún limita muy seriamente las posibilidades de exportación que tendrían los fabricantes de medicamentos genéricos de los países en desarrollo y, en consecuencia, restringiría la disponibilidad de medicamentos baratos en los lugares donde son más necesarios. Lo que es más preocupante aún es que a los países en desarrollo se les exigirá pagar un alto precio, en términos de restricciones y concesiones, por una "solución" que probablemente no sea de gran utilidad para resolver sus crisis de salud pública.

El Profesor John Barton, Presidente de la Comisión Independiente del Reino Unido sobre Derechos de Propiedad Intelectual, hace un análisis de la situación donde se puede comprobar lo limitadas que son en realidad estas negociaciones cuando se trata de resolver un problema de tanta magnitud:

"Una solución legal del tipo que se está negociando actualmente en la OMC sobre licencias obligatorias probablemente no resuelva los problemas económicos a los que se enfrentará el mundo después de 2005. India, específicamente, estará para entonces obligada [según el acuerdo de los ADPIC] a brindar protección a los derechos de patente sobre nuevos medicamentos, y sus nuevas leyes reducirán inevitablemente la capacidad de sus proveedores de medicamentos genéricos de proporcionar productos que compitan con los productos patentados".

"Incluso con reglamentaciones de licencias obligatorias "liberalizadas", será mucho más difícil para los potenciales proveedores de medicamentos genéricos ofrecer la producción de medicamentos a bajo costo. Esto le restará valor al sistema de licencias obligatorias como herramienta de negociación de los gobiernos con los proveedores de medicamentos patentados, y resultará en un alza de los precios a valores superiores a los que de otro modo alcanzarían. Para enfrentar esta situación que se avecina es posible que sea necesario encontrar soluciones alternativas para la producción de medicamentos; sin lugar a dudas se necesitará mucho más que un simple cambio en las reglamentaciones del sistema de licencias obligatorias".

Aranceles industriales

Otro de los grandes temas de preocupación que se discutirán en Cancún es el de los aranceles industriales. En Ginebra EE.UU., la UE y Canadá están elaborando fórmulas de reducciones radicales de aranceles para el mundo en desarrollo. Las propuestas anteriores de las grandes potencias indicaban que EE.UU. querría llevar los aranceles a cero para 2015, y la propuesta de la UE es tener aranceles máximos de sólo 15%. El último plan conjunto de EE.UU., la UE y Canadá se presentó de improviso a los países en desarrollo en una reunión informal el 12 de agosto, motivando la ira de las delegaciones de los países en desarrollo, que se opusieron rotundamente a la propuesta. El trío había planteado una fórmula suiza (en otras palabras, reducir todos los aranceles hasta dejarlos dentro de una estrecha banda "armonizada"), que implicaría que los países en desarrollo, que en general tienen aranceles más altos, tendrían que aplicar reducciones arancelarias mucho más drásticas que los países desarrollados. También plantearon un enfoque de reducciones para cada línea arancelaria (es decir, eliminando la posibilidad de excluir a los productos sensibles de los compromisos de reducción) así como un enfoque sector por sector (o sea, armonización o eliminación de aranceles para textiles y prendas de vestir, bienes ambientales y "otros sectores a definir"). Si los países desarrollados imponen su voluntad en Cancún, la consecuencia será que todos los aranceles industriales de los países en desarrollo serán reducidos sin excepciones a niveles muy bajos. Los aranceles son la única protección que tienen la mayoría de los países en desarrollo frente al nivel tecnológico y competitivo superior de las empresas transnacionales del Norte. La reducción drástica de los aranceles sólo causará más desindustrialización y desempleo.

Las "cuestiones de Singapur": inversiones, política de competencia, transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio

En Cancún se deberá adoptar una decisión fundamental acerca de si se comenzarán o no negociaciones en las áreas de inversión, competencia, transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio. Si EE.UU. y la UE imponen su voluntad, los acuerdos sobre inversiones y competencia eliminarán la capacidad de los gobiernos de regular la actividad de los inversionistas extranjeros. Estos nuevos acuerdos, en última instancia, le exigirían a los países en desarrollo modificar su legislación para brindarle a las compañías extranjeras un trato nacional, o sea el mismo que se aplica a las empresas locales. En vista de la evidente incapacidad de las empresas del Sur para competir exitosamente con las gigantes transnacionales, cualquier acuerdo que amplíe el programa de la OMC para incluir estos temas profundizará aún más las desigualdades del sistema de comercio vigente.

Algunos negociadores de los países en desarrollo intentan limitar el daño. Con este objetivo buscan ‘desatar’ el paquete de cuatro temas, y podrían aceptar negociaciones en los temas de transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio, pero no sobre los temas de inversión y competencia. Sin embargo, lo más probable es que los cuatro temas sigan presentados como paquete, y que se le exija a los países en desarrollo aprobar su tratamiento como contrapartida por la "solución" (que no resuelve nada) del tema de los ADPIC y la salud.

Se ha argumentado que "transparencia" en la contratación pública no significa "acceso al mercado". Sin embargo, hay que recordar que el Acuerdo sobre los ADPIC comenzó siendo una cláusula que exhortaba a los signatarios del GATT a abordar el problema de las mercancías falsificadas. En el transcurso de siete años de negociaciones de la Ronda Uruguay, este tema aparentemente inofensivo se transformó en un acuerdo íntegro y de gran alcance. El acceso al mercado es el objetivo apenas ligeramente velado de EE.UU. y la UE en estas negociaciones. Muchos países en desarrollo temen que la transparencia en la contratación pública sea la puerta de entrada para el acceso de empresas extranjeras al mercado de las compras y contratos públicos y gubernamentales, y que los gobiernos que deseen comprar bienes o servicios se vean obligados a otorgarle a esas empresas el mismo derecho de acceso a los contratos, presumiblemente a riesgo de ser llevados ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Esto es peligroso, ya que la contratación pública se usa a menudo como herramienta de desarrollo para promover el crecimiento de las empresas nacionales.

La facilitación del comercio también es un tema aparentemente inofensivo. ¿Qué gobierno, después de todo, no desearía mejorar y hacer más eficiente su infraestructura aduanera? En caso de convertirse en un acuerdo íntegro, para el Sur este problema es doble:

La Comisión Europea (CE) argumenta que le tienen que “dar” los temas de Singapur a cambio de la liberalización de la agricultura. Pero la CE no liberaliza su agricultura, y dependerá de los ministros en Cancún garantizar que no se entregue su último bastión de control sobre sus mercados nacionales a cambio de falsas afirmaciones de reforma agrícola del comisionado de comercio de la CE Pascal Lamy (véase Kwa, "EU’s CAP ‘Reform’? Let Us Not Be Fooled”, 26 de junio de 2003).

Imposición de un acuerdo inequitativo e injusto

A menos que los países en desarrollo den el paso extraordinario de no ceder terreno bajo presión, el paquete que se les ofrecerá en Cancún probablemente no sólo será un acuerdo malo sino que tendrá graves consecuencias para sus pueblos. Se establecen objetivos ambiciosos de liberalización en los temas de aranceles industriales, agricultura, servicios (se hará un llamado a que los países mejoren sus ofertas), y posiblemente nuevas negociaciones sobre algunos de los temas de Singapur. A cambio, los países en desarrollo obtendrán una solución menos que satisfactoria sobre los ADPIC y la salud, y algunas cláusulas muy diluidas de trato especial y diferenciado con muy poco valor comercial.

Quienes no están familiarizados con la OMC a menudo se preguntan por qué los países en desarrollo siguen aceptando tales injusticias. La razón principal es que las decisiones en la OMC suelen tomarlas un grupo reducido y selecto de 25 miembros aproximadamente. Los que no pertenecen a este círculo estrecho, serán excluidos de las reuniones más importantes durante la conferencia ministerial. En Cancún tejerán un acuerdo que después le será presentado a los 146 miembros. Los países que se atrevan a resistir porfiadamente serán chantajeados, sobornados o amenazados. Les prometerán o retirarán préstamos de asistencia del FMI y el Banco Mundial. Asimismo les prometerán o restringirán acceso al mercado y los amenazarán con retirarles cualesquier preferencias comerciales vigentes. Se plantearán quejas y se iniciarán campañas de difamación –incluso a través de los medios de comunicación, como en el caso de la India en Doha—contra cualquier ministro, diplomático comercial o gobierno del Sur que se atreva a desafiarlos. No se puede subestimar la gravedad de estas amenazas contra cualquier negociador o ministro (ver "Behind the Scenes at the WTO: the real world of international trade negotiations," de Fatoumata Jawara y Aileen Kwa, Zed Books, septiembre de 2003).

En última instancia, el resultado de Cancún y las posturas que adoptarán los ministros de los países en desarrollo dependerán en gran medida de cómo encaren resolver las presiones contrapuestas a las que se enfrentan. ¿Serán las presiones nacionales de la sociedad civil y quizás de los parlamentos nacionales suficientes para contrarrestar las presiones políticas de las grandes potencias? Y una pregunta todavía más importante: ¿podrán los ministros, sean cuales fueren las presiones políticas, mantenerse firmes en sus convicciones? Para los innumerables pueblos vulnerables del Sur, se está librando una guerra.

Un líder zapatista explica esta guerra: "La globalización, con sus tratados de libre comercio, la Organización Mundial del Comercio y el Área de Libre Comercio de las Américas, son instrumentos y elementos que trabajan para la extinción del patrimonio de cada país, su soberanía y su cultura. Ante esta guerra y la amenaza que representa la globalización para todo el mundo, no podemos seguir haciéndonos los desentendidos de que en realidad lo que se busca es la humillación y la sumisión de los pueblos".

* Aileen Kwa trabaja en Ginebra como analista de políticas para Focus on the Global South. Es autora del informe "Poder y presiones políticas en la OMC” y coautora con Fatoumata Jawara del libro "Behind the Scenes at the WTO: The Real World of International Trade Negotiations" publicado por Zed Books. Su dirección electrónica de contacto es aileenkwa@yahoo.com

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Traducción: Alberto Villarreal (comerc@redes.org.uy) y Alicia Porrini para

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